Citan a indagatoria a tres hombres por daños y amenazas agravadas por motivación y fines discriminatorios

El Juzgado Federal de San Luis citó a declaración indagatoria para el próximo 8 de marzo a tres hombres acusados por los delitos de "daños y amenazas agravados por motivación y fines discriminatorios". La medida fue ordenada luego de un pedido realizado por el fiscal federal Cristian Rachid. La acusación es por distintos hechos ocurridos durante 2021 en la ciudad de San Luis.

La madrugada del 9 de marzo de aquel año, luego de concluida la manifestación llevada a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de personas autodenominado “Brigada Mata Progres” realizó una serie de ataques en el centro cultural “Casa Azul” y en los bancos de la Plaza Pringles de la ciudad, que ostentaban la calidad de "espacios públicos de reconocimientos y respeto hacia la comunidad LGTBTTQ+". También, como parte de estos ataques, se dañó la placa conmemorativa del asesinato de la joven trans Azul Montoro.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, un grupo de hombres -entre los que estarían los tres acusados – tomaron carteles de la plaza con consignas por el 8M, los llevaron hasta el centro cultural y los prendieron fuego en su puerta, además de realizar pintadas amenazantes en la puerta del local, entre las que se encontraban cruces esvásticas, además de arrojar en el lugar una porción de la placa conmemorativa de Montoro, informó fiscales.gob.ar

Tres meses más tarde, el 10 de junio de 2021, se realizaron nuevos actos de vandalismo, pintadas y destrucción en el mismo centro cultural. En esta ocasión, los ataques fueron en represalia a la manifestación que se realizó el 3 de junio del mismo año en reafirmación de la lucha contra la violencia y los crímenes de género bajo la conocida consigna “Ni una menos”. Los actos incluyeron el daño de una bandera del orgullo trans que colgaba de la fachada del inmueble y una nueva pintada en el frente del edificio con la frase “3J ojo x ojo Brigada”. Esta situación se dio en el marco de una convocatoria especial que publicó dos días antes la agrupación “Por La Patria San Luis” (a la que pertenecen los imputados), tanto en redes sociales como a través de folletería.

Identificación de los autores

La investigación fue prolongada y compleja debido a que los implicados en los hechos eran anónimos, por lo que tuvieron que llevarse adelante diversas tareas de inteligencia de campo y en redes abiertas para poder identificar a los grupos extremistas involucrados y a sus concretos integrantes y partícipes en los hechos. Las tres personas llamadas a indagatoria fueron descubiertas tanto por su participación en redes sociales como por haber vinculado la titularidad de uno de los números de teléfono incluidos en los folletos de la agrupación que realizaba los daños.

La investigación también abarcó otros ataques sucedidos en la misma época sobre un sindicato y una sede partidaria, motivados y dirigidos, en ese caso, a la persecución y odio en contra de la ideología profesada en esos lugares, aunque sin poderse vincular suficientemente aquellos con los imputados o los grupos que integraban.

De acuerdo a lo planteado por fiscalía, esta serie de actos vandálicos no estaba destinado solo a los moradores del centro cultural, sino también a la comunidad LGBT con el propósito de "incitar a la persecución y odio públicos de dichos colectivos a partir de la coronación de los insultos de sentido homofóbico, las esvásticas" y el dejar en el lugar parte de la placa de Azul Montoro previamente sustraída y destruida bajo la leyenda de la “Brigada Mata Progres”.

“En efecto, la investigación llevada a cabo en la causa permitió detectar que, bajo aquella denominación se aglutinaban y promocionaban grupos y acciones que se encolumnaban bajo la motivación de persecución y odio hacia esos colectivos vulnerables y que expresamente las incitaban y alentaban”, dictaminó Rachid.

En base a ello, el MPF consideró que los actos que llevaban esta firma luego eran promocionados en el perfil homónimo existente en Instagram, “en donde a su vez se alentaban nuevas acciones similares, poniendo a disposición dicho medio para darles publicidad con garantía de anonimato, fungiendo a la vez como red para sumar adeptos no meramente a esas ideas si no a ese tipo de activismo lesivo de derechos de terceros y por ende ilícito”.

De acuerdo a Rachid, “todo ello dejaba a las claras una finalidad de amedrentar y coaccionar a los grupos objeto de tales ataques, tendientes a disuadirlos ilegítimamente de manifestar o militar por sus propias ideas e intereses; máxime cuando se verificó que dichos atentados aparecían como sistemática respuesta a todo acto o manifestación de los colectivos atacados”. Al mismo tiempo, consideró que la difusión por redes sociales de esas ideas y acciones de persecución y odio con expresa incitación a repetirlas o sumarse a las mismas, garantizando anonimato e impunidad, “cierran ese círculo vicioso de ataques, amedrentamiento e incremento concreto y real del riesgo de su reiteración futura”.

Tras la investigación y el dictamen del MPF, los tres acusados fueron llamados a indagatoria por "destruir, hacer desaparecer y dañar cosas muebles e inmuebles", situación doblemente agravada por haber sido ejecutada "en bienes de uso público y signos conmemorativos colocados en lugares públicos y por haber sido cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad o a un grupo nacional en razón de su ideología, opinión política, sexo, condición social o caracteres físicos" en concurso ideal con el delito de "alentar o incitar la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas; ello en relación a los actos de vandalismo, pintadas, destrucción y desaparición de bienes públicos y signos conmemorativos".